OCESA y la empresa de Seguridad Privada Lobo ya fueron formalmente imputadas por homicidio culposo por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas, fallecidos durante el festival Axe Ceremonia. La notificación, emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, representa uno de los avances legales más relevantes del caso, aunque también expone un rompimiento entre las familias, marcado por acusaciones cruzadas sobre el rumbo y la estrategia del proceso.
De acuerdo con la FGJ, ambas empresas fueron notificadas dentro de la carpeta CI-FIMH/H-1/UI-1S/D00070/04-2025R1, sumándose a otras tres personas morales y ocho personas físicas que ya figuraban en la investigación. Esta resolución se dio luego de que tres jueces de control realizaran una revisión alterna del expediente y señalaran omisiones del Ministerio Público, encabezado por Mercedes Karina Granados Perales, al no haber otorgado previamente la calidad de imputadas a OCESA y Lobo.
El anuncio fue acompañado por un mensaje público de Luis Raúl Giles Martínez, padre de Berenice Giles, quien a través de un video agradeció a los medios y a las personas que han seguido el caso, calificando el proceso como una “batalla” en la que su familia y su equipo legal han buscado justicia durante más de nueve meses. En su testimonio, denunció lo que describió como un “infierno ministerial” y actos de violencia institucional, señalando directamente a la Fiscalía por presuntamente proteger a las empresas involucradas.
Giles Martínez aseguró que el reconocimiento formal de OCESA y Lobo como imputadas ocurrió tras la intervención de “tres jueces valientes”, quienes forzaron a la Fiscalía a dar ese paso, aunque advirtió que el proceso aún enfrenta obstáculos. En su mensaje también acusó a ciertos actores de intentar desacreditar los avances logrados, bajo lo que calificó como una “falsa justicia”, y de interferir en el caso mediante acciones provocativas que, según él, buscan desprestigiar el trabajo de la jueza federal María del Carmen Sánchez Cisneros.
El padre de Berenice recordó que desde el inicio de la investigación su familia presentó pruebas contundentes que advertían la responsabilidad y la estructura organizativa de OCESA y Lobo en Axe Ceremonia 2025. Entre ellas, una Resolución Administrativa fechada el 6 de mayo de 2025, boletos del festival y otros documentos que, en conjunto, sumarían alrededor de 30 datos probatorios, información que ya había sido retomada por medios como Proceso meses atrás.
“No nos rendiremos”, afirmó Giles Martínez, reiterando que continuarán en pie de lucha hasta que todos los organizadores y responsables del festival asuman su responsabilidad moral y legal por lo ocurrido. El mensaje cerró con un llamado a manifestación y conferencia de prensa la mañana de este miércoles 28 de enero, frente a los Juzgados de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, donde prometió dar más detalles del caso.
Este posicionamiento se da a la par de las acciones emprendidas por la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández, quienes días antes se manifestaron frente a los mismos juzgados colocando un “contador de impunidad” con 98 días acumulados. Durante la protesta, señalaron a la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros como responsable de que no se hubiera iniciado la audiencia inicial, argumentando que la suspensión solicitada por la familia Giles Rivera retrasó el proceso al insistir en que OCESA y Lobo fueran imputadas desde el arranque.
En comunicados y pancartas, los manifestantes —integrados por familiares de Miguel, el colectivo Justicia por Miguel y asociaciones de derechos humanos— negaron un conflicto personal entre las familias, aunque reconocieron diferencias en sus representaciones legales. Incluso cuestionaron públicamente la estrategia jurídica del otro frente, preguntando a quién protegía al insistir en detener el proceso cuando, desde su perspectiva, la Fiscalía podía ampliar imputaciones conforme avanzara la investigación.
El contador de impunidad permaneció frente a los juzgados con la frase “Hoy somos todo por Miguel”, convirtiéndose en un nuevo símbolo de un caso que, además de exigir justicia, evidencia las tensiones, fracturas y distintas lecturas sobre cómo alcanzarla dentro de uno de los procesos más observados del ámbito cultural y mediático reciente.