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El día que se reprimió a la escena electrónica mexicana – Tlajomulcazo

El 4 de mayo de 2002, la escena electrónica mexicana sufrió la más grande represión de su historia.

En México la escena musical ha sido constantemente reprimida, por su estilo o la forma en la que se expresa o simplemente por ser algo distinto, y la escena electrónica no es la excepción, pues desde tiempos remotos se le ha censurado por no ser algo tradicional o ‘conservador’

A principios de los años 90, las fiestas rave hicieron su aparición en nuestro país y con ello también la persecución gubernamental y mediática. Hay episodios sombríos que quedaron grabados para la historia y que pintan de pies a cabeza las formas autoritarias que han imperado en contra de eventos de música electrónica, por ejemplo: la suspensión del rave Aceite en la Arena México o el organizado por Martín Parra y Ramiro, que encabezaría Paul Van Dyk y Keoki. El común denominador fue el uso de la policía para suspender de forma repentina las dos fiestas, mismas que contaban con permisos en regla para poder llevarse a cabo.

Uno de los momentos climáticos que describen el ambiente anti raver de la época, es el que protagonizaron el periodista Pedro Ferriz de Con y el entonces presidente Zedillo, cuando el comunicador en su programa de radio Para Empezar, le intentó informar al ex mandatario que en las fiestas rave se repartían pastillas de éxtasis a los asistentes. La respuesta de Zedillo fue ordenar al Procurador del Distrito Federal la investigación de los hechos, cuyos resultados nunca se dieron a conocer.

Para el año 2002, la edición mexicana del festival Love Parade fue cancelada por el gobierno del Distrito Federal, entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ¿la causa?, La Delegación Cuauhtémoc argumentó supuestas quejas vecinales, afectaciones a la vialidad, falta de garantías en cuanto a la seguridad de los asistentes, así como daños al patrimonio histórico. Los organizadores del Love ParadeArturo Saucedo y Carlos Becerra, decidieron seguir adelante con el evento a manera de manifestación política. Luego de 12 horas de festival y con más de 60 000 asistentes en la plancha del Zócalo capitalino, el saldo fue blanco.

El sábado 4 de mayo de 2002, en Tlajomulco de Zúñiga, municipio conurbado del área metropolitana de la ciudad de Guadalajara, tuvo lugar la más grande y violenta represión en contra de un evento de música electrónica en México.

Más de 1500 ravers distribuidos en tres escenarios instalados en el Club Deportivo Oro, gozaban de los beats de DJs y productores nacionales e internacionales, cuando de forma repentina irrumpieron más de 200 elementos de distintas corporaciones policiacas ( PGR, policía estatal y municipal), equipados con armas y acompañados de perros sin bozal, sometieron al total de los asistentes, obligándolos a tirarse boca abajo para ser revisados uno por uno durante más de tres horas. Los tratos agresivos, humillantes, los golpes y el manoseo a varias de las asistentes, fueron la constante.

La intervención policiaca se dio a raíz de una supuesta llamada telefónica que se recibió en Preventel, en la que se denunció la venta de drogas al interior del rave de Tlajomulco.

Una de las asistentes al rave de Tlajomulco, Adriana Vargas, narró al periódico La Jornada, parte de los hechos que presenció aquella noche. “Hubo quienes no traían nada y los golpearon. Me tocó ver a una morra que la aventaron y cayó en una piedra. Nosotros traíamos una casa de campaña y los policías la aventaron por una barda y no la recuperamos”.

Carlos Rodríguez (Chass) uno de los miembros fundadores del extinto Nopal Beat, se encontraba aquella noche tocando, justo en el momento en que inició el operativo. “Yo no alcanzaba a ver en donde estaban los policías, de repente volteo y veo a un policía a mi lado y me da un madrazo con la culata en la espalda, me tiró al suelo y me puso el pie en la espalda, me dijeron que no me moviera, me esposaron con un cincho boca abajo, con las manos en la espalda y en ese momento empezaron a revisar mis cosas”, recuerda Chass.

“Cuando me di cuenta, un elemento de la policía estaba arriba (del escenario), me encañona y me dice ‘tírate al suelo, hijo de tu puta madre, que te tires al suelo, que no me estás oyendo cabrón, ¿qué haces aquí?”, testimonio de Diego Hernández, relatado el día 12 de mayo de 2002 en el Centro de Guadalajara, durante la protesta que organizó la sociedad civil en contra del operativo policiaco en Tlajomulco.

“(Los policías) cortaban cartucho, se me vino a la mente Tlatelolco, más porque vi una chava toda ensangrentada a un lado mío”, testimonio anónimo de un estudiante, publicado en el periódico La Jornada.

El entonces director de la policía estatal de Jalisco, Aldo Monjardín Díaz, justificó ante la prensa, la actuación de las llamadas fuerzas del orden: “la mayoría de los agresivos son gente que son rebeldes o que estaban bajo los influjos de la droga y el alcohol, entonces hubo necesidad de apretarles un poquito más la orden, de gritarles, tal vez, para que entendieran, porque ponerse a negociar con cada uno de ellos era no llegar a nada”.

Lo agresivo y aparatoso del operativo policiaco, contrasta con el decomiso de drogas realizado: 300 tachas, 48 pastillas psicotrópicas, 620 gramos de mariguana, seis pastillas de éxtasis, 13 pipas, nueve paquetes de papel para armar cigarros y un arma blanca, reportó la PGR.

Horas después del operativo y con los detalles del abuso policial saliendo a la luz en los medios locales y nacionales, el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, lejos de retractarse y de reconocer lo desproporcionado de la acción policiaca, se aventuró a hacer declaraciones cargadas de juicios morales. “No vamos a permitir que se estén dando este tipo de reuniones de francachelas y orgias”.

El entonces subdelegado de la PGR, Ricardo Fontecilla Almaraz, no se quedó atrás en sus aseveraciones. “Se colocan casas de campaña que a final de cuentas utilizan como si fueran cuarto de hotelería para ejercer la prostitución”.

El saldo de la redada policiaca fue de 25 detenidos, consignando al reclusorio de Puente Grande a tres jóvenes, mismos que salieron libres meses después, luego de que no se les pudiera acreditar su responsabilidad ante las acusaciones que pesaban en su contra. De acuerdo con testimonios publicados en los medios y en las más de 170 quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, la droga le fue sembrada de manera selectiva a los detenidos en las mismas instalaciones policiacas.

La respuesta de la sociedad civil jalisciense no se hizo esperar, seis días después del llamado Tlajomulcazo, el 12 de mayo, más de 6 mil jóvenes colmaron de protesta y baile la Plaza de Armas del Centro Histórico de Guadalajara. Al término del acto político, se anunció la conformación de la organización Arte Libre, con la finalidad de denunciar los abusos del gobierno, brindar información certera sobre las manifestaciones culturales en Jalisco y debatir sobre políticas culturales.

La indignación por lo ocurrido la noche del 4 de mayo de 2002, generó una corriente de opinión adversa a la actuación de los cuerpos policiacos que reprimieron el rave. Personajes de la vida intelectual y cultural mexicana de la talla de Carlos Monsiváis y José Luis Paredes Pacho, entre otros, hicieron uso de sus espacios en medios de comunicación nacionales, para criticar el exceso de fuerza en contra de los jóvenes jaliscienses.

“Nunca creas en la fuerza de tus derechos, porque éstos son un préstamo o una conclusión siempre provisional de las autoridades. Resígnate. Tú y tus semejantes aprenderán a la fuerza que nunca aprenderán bastante, porque el verdadero conocimiento le pertenece al gobierno”, escribía Monsiváis en la Revista Proceso, sobre el Tlajomulcazo.

Lamentablemente no se hizo justicia, ninguno de los responsables del violento operativo en Tlajomulco fue sancionado. El 20 de noviembre de 2006, el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña solicitó licencia para incorporarse al gobierno del ex presidente Calderón, en calidad de Secretario de Gobernación, hecho que Amnistía Internacional consideró alarmante, ya que como gobernador, hizo oídos sordos ante las violaciones de derechos humanos que sucedieron durante su administración. Por su parte, el Ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara, lejos de endurecer su postura anti raver, apoyó la organización de eventos de música electrónica gratuitos en las calles de la ciudad, que de alguna manera contribuyeron un tanto a la asimilación de la electrónica en Jalisco, por parte de sectores conservadores y reacios a este tipo de propuestas musicales y culturales.

“Por un lado se avanzó y se aceptó la escena o quizá las autoridades terminaron por resignarse. Y aunque habrá quienes siguen con una visión cerrada e intolerante, este es un progreso porque ahora las autoridades ya nos ven como una expresión cultural importante que la gente quiere escuchar. Más, no podíamos haber logrado”, afirmaba Luis Flores, miembro del desaparecido Nopal Beat, al sitio Música Vital.

Por su parte Chass, coincide con la opinión de Luis Flores respecto a que después del Tlajomulcazo, a pesar de la pesadilla que experimentaron los más de 1500 jóvenes que fueron agredidos durante el operativo policiaco, se logró avanzar en la apertura a las distintas expresiones culturales, gracias a la organización y la participación de la sociedad civil, que no permitió que lo ocurrido la noche del sábado 4 de mayo de 2002, quedara en el olvido. “En retrospectiva, creo que solo fue un tope en la historia, no siempre fue tan obsesionada la parte de que el gobierno estuviera detrás de las fiestas, nos tocó un par de años donde sí fueron acusadas excesivamente de exageraciones, pero creo que sí hubo suficiente respuesta de parte de la gente, de parte de los medios. Recuerdo que quitaron los permisos durante unos meses para hacer fiestas, después de eso hubo esa contraparte, ese contraataque de la sociedad que estuvo bien, donde el gobierno termino permitiendo esa apertura a la parte cultural, las autoridades terminaron por bajar las manos y las cosas avanzaron a final de cuentas”.

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